|Crítica Social|

Mientras unas víctimas ocupan el centro del relato institucional, otras parecen condenadas a desaparecer del recuerdo colectivo.

La reciente actualidad judicial en torno a Josu «Ternera» ha vuelto a situar sobre la mesa un debate que trasciende con mucho las resoluciones de los tribunales. En una democracia consolidada, las sentencias deben ser respetadas porque constituyen una de las principales garantías del Estado de derecho. Sin embargo, existe un plano distinto al estrictamente jurídico sobre el que también conviene reflexionar: el de la memoria colectiva. Las decisiones judiciales pueden cerrar procedimientos penales, pero nunca deberían cerrar el recuerdo de quienes perdieron la vida como consecuencia del terrorismo. Y, sin embargo, esa es precisamente la sensación que experimentan muchas víctimas y familiares cuando observan el lugar cada vez más reducido que ocupa ETA en el debate público español.

Durante más de cuarenta años, la organización terrorista asesinó a más de ochocientas personas y dejó miles de heridos, amenazados y extorsionados. Policías nacionales, guardias civiles, militares, jueces, fiscales, periodistas, profesores universitarios, concejales, empresarios y ciudadanos anónimos fueron convertidos en objetivos por una organización que pretendía imponer un proyecto político mediante el miedo. Aquella violencia no fue un episodio aislado de nuestra historia, sino una de las mayores agresiones sufridas por la democracia española desde la aprobación de la Constitución de 1978. Por eso resulta inevitable preguntarse si el país está siendo capaz de preservar con la misma intensidad el recuerdo de aquellas víctimas que dedica a otros capítulos igualmente dolorosos de su pasado.

España ha avanzado notablemente en la recuperación de la memoria histórica relacionada con la Guerra Civil y la dictadura franquista. Se han impulsado investigaciones, exhumaciones, actos institucionales y numerosas iniciativas encaminadas a reconocer el sufrimiento de quienes padecieron la represión durante aquel periodo. Todo ello constituye una obligación legítima de cualquier democracia que aspire a conocer y asumir su propia historia. El problema aparece cuando esa sensibilidad parece perder fuerza al abordar el terrorismo de ETA. No porque unas víctimas deban desplazar a otras, sino porque una memoria democrática solo puede ser completa cuando reconoce con la misma dignidad a todas las personas que sufrieron la violencia política, con independencia de quién la ejerciera.

En los últimos años, además, la presencia institucional de personas que pertenecieron a ETA o que desarrollaron responsabilidades relevantes dentro de su entorno político ha generado un profundo malestar entre numerosos familiares de las víctimas. Es cierto que corresponde exclusivamente a la ley determinar quién puede concurrir a unas elecciones o desempeñar un cargo público, y ese principio debe respetarse escrupulosamente. Pero la existencia de un derecho legal no elimina el debate ético sobre el mensaje que una sociedad transmite cuando quienes estuvieron vinculados a una organización terrorista ocupan espacios de representación pública mientras el recuerdo de quienes fueron asesinados parece diluirse progresivamente en la conversación nacional.

La memoria no puede depender de mayorías parlamentarias ni de la utilidad política que cada momento otorgue a determinados episodios históricos. Tampoco debería convertirse en un instrumento selectivo donde unas víctimas reciben homenajes permanentes mientras otras desaparecen lentamente de los libros de texto, de los discursos institucionales y del conocimiento de las nuevas generaciones. Basta preguntar hoy a muchos jóvenes quiénes fueron Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, Fernando Buesa o José Luis López de Lacalle para comprobar que, en demasiadas ocasiones, esos nombres ya no ocupan el lugar que merecen dentro de la historia reciente de España. El paso del tiempo es inevitable; el olvido, en cambio, siempre constituye una decisión colectiva.

Defender la memoria de las víctimas de ETA no significa reabrir heridas ni cuestionar el funcionamiento del Estado de derecho. Significa recordar que ninguna democracia puede construirse sobre el silencio de quienes fueron asesinados precisamente por defenderla. Una sociedad madura debe ser capaz de condenar sin ambigüedades toda forma de violencia política y de honrar por igual a todas sus víctimas, sin establecer jerarquías morales ni convertir el recuerdo en un ejercicio condicionado por la coyuntura política.

Porque cuando un país empieza a olvidar a quienes murieron por la libertad, el problema ya no pertenece únicamente al pasado. Empieza a convertirse en un desafío para su futuro.

Armando Bolívar Navarro