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Tal día como hoy, hace 476 años, en Santafé de Bogotá —actual capital de Colombia—, en una casona que daba a la Plaza Mayor (hoy el Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar), tuvo lugar la solemne primera sesión de la Real Audiencia, el máximo tribunal de la Corona española en el territorio del Nuevo Reino de Granada. Su propósito era claro: consolidar una “buena gobernación” y garantizar la administración de justicia en su jurisdicción.

Ese dato, tan concreto y documentado, suele quedar sepultado bajo un relato mucho más simplista y repetido: el de una presencia española en América reducida a expediciones de saqueo, obsesionadas exclusivamente con el oro y la destrucción de poblados indígenas. Este canon, profundamente arraigado en el imaginario popular, merece una revisión crítica a la luz de los hechos históricos.

La creación de instituciones como la Real Audiencia —establecida en Santafé en 1550 bajo el reinado de Carlos I de España— no responde a la lógica de una ocupación meramente extractiva. Al contrario, implica la implantación de un aparato administrativo, jurídico y político complejo, cuyo objetivo era organizar territorios vastísimos bajo normas legales. Las Audiencias no eran improvisadas: actuaban como tribunales superiores, órganos de gobierno y garantes —al menos en teoría— de los derechos de los súbditos, incluidos los indígenas.

Además, desde fechas muy tempranas, la propia Corona impulsó debates y reformas sobre el trato a las poblaciones originarias. Basta recordar las Leyes de Burgos de 1512 o las Leyes Nuevas de 1542, que intentaban limitar abusos del sistema de encomiendas. Figuras como Bartolomé de las Casas denunciaron excesos y promovieron cambios, lo que demuestra que el propio sistema contenía mecanismos de autocrítica y reforma, algo incompatible con la idea de un saqueo indiscriminado y sin control.

Conviene, además, introducir una comparación que rara vez se hace con el mismo énfasis. Otros modelos coloniales europeos, como los impulsados por Reino Unido o Francia, se caracterizaron en numerosos contextos —especialmente en fases tempranas o en territorios de frontera— por dinámicas más claramente extractivas y de ocupación discontinua, donde los asentamientos permanentes y las estructuras jurídicas eran más limitados o tardíos. En conflictos coloniales documentados en América del Norte y el Caribe, así como en otras regiones, se registraron episodios de extrema violencia contra poblaciones locales, incluyendo saqueos, desplazamientos forzados y abusos graves. Señalar esto no pretende establecer una jerarquía moral simplista, sino recordar que la violencia no fue patrimonio exclusivo de una potencia y que los modelos coloniales europeos fueron diversos, complejos y, en muchos casos, igualmente duros.

Por supuesto, negar que existieron episodios de violencia, abusos o explotación sería tan erróneo como reducir toda la empresa americana a ellos. La conquista inicial —como en el caso de Hernán Cortés en México o Francisco Pizarro en Perú— tuvo fases claramente bélicas. Pero una vez consolidado el dominio, el modelo evolucionó hacia la fundación de ciudades, universidades, hospitales y redes administrativas que perduraron durante siglos.

De hecho, ciudades como la propia Santafé, fundada en 1538, o universidades como la de Universidad de Santo Tomás (1580), evidencian un proyecto de asentamiento y organización social. La extracción de metales preciosos fue importante, sí, pero no fue el único ni necesariamente el principal motor del sistema, que también incluía agricultura, comercio interno y evangelización.

El llamado “mito del oro” se ha visto amplificado por la Leyenda Negra, una corriente de propaganda surgida en los siglos XVI y XVII en potencias rivales como Inglaterra y los Países Bajos. Esta narrativa exageró —y en ocasiones fabricó— relatos de crueldad para desacreditar al imperio español en el contexto de las luchas geopolíticas europeas.

Hoy, reproducir sin matices ese relato no solo empobrece la comprensión histórica, sino que impide analizar con rigor un proceso complejo, lleno de contradicciones, luces y sombras. La existencia de instituciones como la Real Audiencia de Santafé no encaja en el estereotipo del saqueador ocasional: refleja, más bien, la voluntad de construir un orden político duradero, con todas sus imperfecciones.

En definitiva, la historia no es un panfleto. Ni absolución ni condena simplista. Frente al cliché del conquistador movido únicamente por el oro, los documentos, las leyes y las instituciones nos hablan de algo más amplio: un proceso histórico que, como casi todos, exige ser entendido antes que juzgado desde consignas heredadas.

Bogotá: Real Audiencia de Santafé en 1650. Autor Luis Núñez Borda 1938

Armando Bolívar Navarro