|Crítica Social|

Cuando el Gobierno aplaude un sistema que expulsa a los jóvenes

En España, hablar hoy de vivienda y juventud es hablar de una contradicción obscena. Mientras miles de jóvenes encadenan contratos temporales, salarios insuficientes y alquileres abusivos, el Gobierno insiste en repetir un mantra cada vez más alejado de la realidad: “el sistema de vivienda en España es sólido, garantista y funciona”. La pregunta es inevitable: ¿para quién funciona?

Para una generación entera, la vivienda no es un derecho constitucional, sino un lujo inalcanzable. Emanciparse antes de los 30 años se ha convertido en una rareza estadística. Comprar una casa es, directamente, una quimera. Y alquilar supone destinar más del 40 o incluso el 50 % del sueldo mensual, cuando se tiene la suerte de tener uno estable. Aun así, desde los despachos oficiales se celebran cifras macroeconómicas y se presentan planes que, en la práctica, apenas rozan el problema estructural.

El discurso gubernamental resulta especialmente hiriente cuando se compara con la experiencia real de los jóvenes. Se anuncian bonos de alquiler que no llegan, ayudas que se agotan en minutos o promociones de vivienda pública con requisitos imposibles. Se habla de “protección” mientras el mercado sigue funcionando bajo una lógica especulativa que convierte la vivienda en un activo financiero, no en un bien social.

La hipocresía institucional se hace evidente cuando se presume de un “modelo ejemplar” en uno de los países europeos con menor parque de vivienda pública. Mientras en otros Estados la vivienda social alcanza porcentajes de dos dígitos, en España apenas supera el mínimo testimonial. Décadas de políticas orientadas a la propiedad privada, la liberalización del suelo y la venta de vivienda pública a fondos de inversión han dejado un legado claro: un mercado tensionado y una juventud atrapada.

No es solo un problema económico, sino vital. La imposibilidad de acceder a una vivienda retrasa proyectos de vida, fomenta la dependencia familiar, agrava la precariedad emocional y alimenta la desigualdad. Quien nace en una familia con patrimonio tiene opciones; quien no, queda condenado a compartir piso indefinidamente o a abandonar su ciudad. La meritocracia se desvanece cuando el código postal pesa más que el esfuerzo.

Mientras tanto, los responsables políticos repiten discursos triunfalistas desde tribunas cómodas, ajenas a los portales inmobiliarios que exigen nóminas imposibles, avales desorbitados y fianzas que equivalen a varios meses de sueldo. Resulta difícil no percibir cinismo cuando se habla de “acceso garantizado” en un país donde la vivienda se ha convertido en el principal factor de exclusión juvenil.

El problema no es la falta de diagnósticos, sino la falta de voluntad. Se sabe qué medidas funcionan: ampliar de forma masiva la vivienda pública, regular de manera efectiva los alquileres en zonas tensionadas, penalizar la especulación y proteger al inquilino. Sin embargo, estas políticas chocan con intereses económicos poderosos y con un modelo que durante años se ha presentado como intocable.

España no tiene un sistema de vivienda “magnífico”; tiene un sistema que expulsa a sus jóvenes, que convierte la estabilidad en privilegio y que normaliza lo inaceptable. Reconocerlo sería el primer paso para solucionarlo. Negarlo, como hace el Gobierno, no solo es irresponsable: es profundamente hipócrita.

Porque no hay relato que oculte una realidad cada vez más evidente. Y no hay propaganda que pague un alquiler.

Armando Bolívar Navarro