|Crítica Social|

Mientras los expedientes se estancan, hay niños que crecen sin familia y familias que esperan sin respuestas.

En Andalucía, el tiempo pasa de forma distinta para los niños que viven —o han vivido— bajo la tutela de la administración. Para ellos, cada mes cuenta, cada año deja marca. Sin embargo, para el sistema de adopción gestionado por la Junta de Andalucía, el reloj parece avanzar con una lentitud desesperante, como si la infancia pudiera ponerse en pausa mientras los expedientes se acumulan en los despachos de los servicios sociales.

La adopción debería ser un proceso cuidadoso, sí, pero nunca un laberinto interminable. Hoy, demasiados menores crecen entre paredes institucionales mientras esperan una familia que ya existe, preparada y dispuesta, pero bloqueada por una burocracia rígida, opaca y excesivamente lenta. La gestión actual no solo retrasa decisiones: cronifica la espera y convierte lo provisional en permanente, con consecuencias profundas para el desarrollo emocional de los niños.

Las instituciones hablan de protección, pero en la práctica muestran una alarmante falta de urgencia por el bienestar real de los menores. La integridad emocional, la necesidad de vínculos estables y el derecho a crecer en un entorno familiar quedan relegados frente a trámites duplicados, evaluaciones que se alargan sin plazos claros y silencios administrativos que duran meses o incluso años. No es prudencia; es inacción. Y cuando se trata de infancia, la inacción también es una forma de daño.

Mientras tanto, los niños crecen. Aprenden a no ilusionarse, a no preguntar, a aceptar que su vida está en suspenso. Cada año que pasan en un centro de acogida es un año sin apego seguro, sin referentes constantes, sin la normalidad de un hogar. El sistema que debería protegerlos acaba normalizando su espera, como si el paso del tiempo no dejara cicatrices.

Pero el problema no termina cuando la adopción se produce. Muchas familias que ya han adoptado conviven durante años con una inseguridad administrativa difícil de comprender. Menores que viven plenamente integrados en sus hogares siguen sin tener regularizada toda su documentación: resoluciones definitivas que no llegan, libros de familia que tardan, nacionalidades bloqueadas, trámites esenciales paralizados sin explicación. Aunque los niños duermen cada noche en su cama, el sistema sigue tratándolos como si su situación fuera provisional.

Esta negligencia burocrática tiene consecuencias reales. Familias que no pueden viajar, acceder con normalidad a determinados servicios o garantizar derechos básicos por retrasos administrativos que se eternizan. Padres y madres que, después de todo el proceso, continúan luchando contra la misma administración que debería acompañarlos. Menores que viven en un limbo legal innecesario, cuando lo único que necesitan es estabilidad y reconocimiento pleno.

Al otro lado están también las familias que esperan adoptar. Personas que han superado filtros, cursos y evaluaciones exhaustivas. Personas que han demostrado capacidad, estabilidad y compromiso, y que viven pendientes de una llamada que no llega, de un expediente que no avanza, de decisiones que se aplazan sin explicación. Su sufrimiento es silencioso, invisible, pero profundamente real: proyectos de vida detenidos, desgaste emocional, una sensación constante de impotencia frente a una administración que no responde.

La Junta de Andalucía no puede seguir escudándose en procedimientos cuando lo que está en juego son derechos fundamentales. No se trata de reducir garantías, sino de recordar su propósito: proteger a los menores, no atraparlos en un sistema que los ignora incluso después de haber sido adoptados. La falta de recursos, la saturación de los servicios sociales y la ausencia de plazos vinculantes no son excusas, son responsabilidades políticas.

No se puede hablar de defensa de la infancia mientras se permite que los niños esperen indefinidamente para tener una familia, ni mientras otros, ya adoptados, sigan años sin ver reconocida plenamente su situación. No se puede invocar el interés superior del menor mientras se acepta que la lentitud institucional marque su vida.

La adopción no es un favor que concede la administración. Es un derecho de los menores y una deuda moral de quienes gobiernan. Crear conciencia social es urgente, pero lo es aún más asumir responsabilidades y actuar. Porque cada día de retraso no es neutro. Porque la infancia no se recupera. Y porque en Andalucía, hoy, hay niños esperando, niños ya adoptados sin seguridad jurídica plena y familias que solo piden algo básico: que el sistema deje de fallarles.

Armando Bolívar Navarro